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En 2025, tras varios meses de incertidumbre legal, el Departamento de Tesorería de Estados Unidos y FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)[1] emitieron una norma final interina que modificó radicalmente el alcance de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), creada originalmente para combatir las actividades financieras ilícitas.
Principales cambios:
- Exención nacional: millones de entidades estadounidenses quedan exentas de reportar Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI) conforme a la CTA.
- Foco en las entidades extranjeras: la obligación de cumplimiento se concentra casi exclusivamente en las empresas extranjeras.
Esto no significa que la CTA se haya derogado; sino un cambio masivo de sus prioridades. La CTA ha pasado de ser una obligación general para todos los operadores estadounidenses a ser una herramienta de aplicación selectiva. Para cualquier negocio internacional registrado en EE. UU., el cumplimiento deja de ser opcional y se convierte en el principal objetivo de la norma.
Enfoque restringido: definición de empresas extranjeras sujetas a declarar información.
Según la nueva norma, la definición de “reporting company” o (empresa informante*) se ha reducido significativamente. Una entidad se considera “reporting company” si cumple dos criterios específicos:
Entendiendo las Exenciones de BOI
Implicaciones para entidades de propiedad extranjera
El nuevo cronograma y los plazos establecidos aportan mayor claridad, pero exigen medidas inmediatas de las empresas extranjeras ya registradas para garantizar el cumplimiento con FinCEN:
Las sanciones por incumplimiento son graves, incluyendo multas civiles de hasta $500 por cada día de infracción y posibles sanciones penales.
Pasos accionables para entidades de propiedad extranjera
Este cambio en la normativa significa que, mientras que las empresas nacionales pueden mantener su ritmo habitual, las “Foreign Reporting Companies” deben intensificar sus esfuerzos de cumplimiento ante FinCEN.
Dada la complejidad de la determinación de la propiedad beneficiaria y la gravedad de las sanciones, contar con asesoramiento experto es imprescindible para garantizar que cada presentación sea presentada correctamente y a tiempo.